Ha pasado un mes desde el comienzo del estado de alarma y podemos empezar a hacernos una idea del impacto económico que esta crisis inédita puede tener en nuestra economía. En Expansión, el 20 de marzo, se publicaba la previsión de S&P de una caída del PIB español del 2,1 %, plenamente recuperado en 2021. Más acertado, Ramon Tamames, el anterior día 19, aventuraba una caída del 13 %. Más recientemente, el 8 de abril, el informe  sobre espacio económico de la CEOE vaticinaba una caída entre el 5 y el 9% del PIB, según la duración de la crisis sanitaria y la rapidez en la recuperación. Sin ninguna duda la caída del PIB, y con ella del empleo, va a depender de la duración de la fase más crítica de la crisis sanitaria, del tiempo de “normalización” de la vida cotidiana, y por tanto, de la productividad y del consumo, y, no podemos olvidarnos, de lo que ocurra en el exterior.

Pero es fundamental que no perdamos de vista que esta crisis tiene una causa exógena a la economía y, por tanto, dependemos directamente de ella. La caída del PIB mensual podría estar siendo del orden del 40 % pero, en la medida en que esa causa exógena, la crisis sanitaria, no afecte a la propia estructura productiva, la recuperación podría ser muy rápida. En este sentido ni la rapidez de la caída ni la capacidad de recuperación tienen nada que ver con la crisis de 2008.

Por ello es imprescindible actuar con el máximo rigor sobre la causa de la crisis económica que se avecina, por ello y por motivos que están en un escalón superior como es la salud y la vida de los ciudadanos, obviamente, pero también, por la economía. Por ello también es imprescindible que la normalización se efectúe con todas las precauciones necesarias porque una recaída sería fatal para la moral de la ciudadanía y, con ello, de la propia economía.

Conseguir que la crisis sanitaria no afecte a la propia estructura productiva y, por ello, se convierta en estructural, depende fundamentalmente de la acción del Gobierno. Nuestro Gobierno ha tomado con rapidez medidas adecuadas como el impulso a los ERTES y la concesión de avales, pero es necesario que la aplicación de estas medidas se efectúe con la flexibilidad, generosidad e incluso valentía que estos tiempos exigen. No van en la dirección apropiada, en mi opinión, la concesión del permiso retribuido a cargo del empresario (95 % PYMES), o de la moratoria de hipotecas a cargo del Banco, de la moratoria de alquileres a cargo del arrendador o de la moratoria de préstamos a cargo del financiador. Como se está diciendo, y yo comparto, de esta crisis salimos todos juntos, y ese “todos” se resume en la persona del Estado, a quien todos contribuimos y quien tiene la capacidad de afrontar los ingentes gastos que va a costar esta crisis.

Y es que nadie va a tener la capacidad de asumir el gasto, y, por tanto, el endeudamiento, que va a generar esta crisis salvo el Estado. Deutsche Bank, el pasado día 9 estimaba una deuda adicional del 20 % del PIB para España. Más modestamente, el informe citado de CEOE estimaba un endeudamiento en el entorno de 100.000 M de euros. Sea cual sea la cifra final, incluso para el Estado puede ser difícil apelar a los mercados con unas cantidades de este tenor, que se suman a los 197.000 M de emisiones ya previstas inicialmente y en el que va a competir con otros Estados igualmente necesitados de emisiones extraordinarias de deuda.

Y aquí, necesariamente, debemos mirar más arriba. Si los ciudadanos y las empresas miramos a nuestro Estado en esta situación, repito, inédita en la que vivimos, el Estado lógicamente tiene que mirar también hacia arriba, a aquella superestructura de la que forma parte y a la que ha cedido buena parte de su soberanía, la Unión Europea.

Probablemente este sea el mayor reto al que se enfrenta la Unión Europea, y la propia clave de su existencia en el futuro. Si los ciudadanos comprueban que en estas circunstancias la Unión no se comporta como tal, sino que cada Estado mira por lo suyo, en lo sanitario y en lo económico, la Unión estará sentenciada, están demasiado recientes las heridas de la crisis financiera, y ya eran crecientes, antes de todo esto, los movimientos antieuropeístas, auspiciados por la recientísima salida de Reino Unido.

Necesitamos Europa para afrontar los gastos enormes, pero temporales, de esta crisis, y también para efectuar un nuevo Plan Marshall para salir de ella. Si Estados Unidos, en 1948, tuvo la generosidad y el acierto de invertir ingentes cantidades de dinero para promover la recuperación de su principal socio comercial y también principal aliado en la guerra fría que se avecinaba, poco menos puede exigirse a nuestros socios europeos. O Europa cree en si misma y actúa, o esta crisis se convertirá en la crisis, quizás definitiva, de la propia Unión.

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