Una semana después del Decreto-ley 8 de medidas urgentes, podemos empezar a valorar si las medidas en él dispuestas son las necesarias, si además son suficientes y, cuestión fundamental, si se están aplicando como procedería en una situación como la que estamos viviendo.

Vaya por delante que la agilización de los ERTE, como medida estrella, es sin duda la más adecuada para atender la situación. Vivimos inmersos en una crisis insólita en nuestra historia, de una inmediatez y extensión sin igual, pero que, en la misma medida, debe ser temporal. Esto último es fundamental: la crisis será muy grave, pero la gravedad quedará relativizada si conseguimos que sea temporal, o lo que es lo mismo, que no dañe a nuestra estructura productiva. Solamente así podremos salir adelante con cierto optimismo cuando acabe la crisis sanitaria.

Para este objetivo básico, el carácter temporal de la crisis y la permanencia de nuestra estructura productiva, la figura de los ERTES se convierte en básica: el Estado asume las nóminas de los empleados mientras dure la crisis sanitaria, las empresas mantienen por tanto los puestos de trabajo, y finalizada la crisis reanudamos el camino con dificultades, pero con optimismo y, también, eso sí, con un incremento notable de nuestra deuda pública.

Pero todo esto requeriría que el Estado sea consciente de la necesidad de actuar con valentía e, incluso, con cierto arrojo. Por desgracia, no está siendo así. Habría hecho falta que junto la medida legal se hubieran dictado de inmediato instrucciones que simplificaran y agilizaran el procedimiento ordinario, en exceso farragoso para aplicar en estas circunstancias. Siendo que la administración conoce por la amplia información que tiene cuales son las actividades y trabajadores afectados en los casos de  cierre por fuerza mayor debiera haber actuado de oficio, aligerando de trabajo sus propios recursos -ahora colapsados- para destinarlos a examinar los ERTE por las demás causas y evitando a los ciudadanos afectados desplazamientos innecesarios y gestiones prescindibles Parece que el Estado ha alumbrado unas medidas correctas tan solo  en su planteamiento inicial, pero por impericia o falta de voluntad política, no ha articulado las normas reglamentarias que dotaran al procedimiento de la necesaria agilidad y flexibilidad. Ésta no es la situación de 2008. Las soluciones deben ser de aplicación inmediata porque inmediato ha sido el devenir de la situación. O actuamos ya, de forma absolutamente decidida, o causaremos un daño irreparable a nuestras empresas que tardaremos años en recuperar. El último acuerdo, esta especie de prohibición del despido, no es la solución. Parece pensarse que las empresas quieren “aprovechar”  la situación para despedir, como si el despido fuera el objetivo o el interés de las empresas. Las empresas lo que quieren es la supervivencia y para eso hacen falta los medios, medios que deben facilitarse de inmediato.

Lo mismo ocurre con la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos (algo así como el paro para estos trabajadores): o se tiene “la suerte” de encontrarse en la lista tasada de fuerza mayor o habrá que esperar hasta finales de abril para poder demostrar la caída de ingresos. Y mientras tanto, ¿que hacen todos aquellos que han tenido que cerrar?

Otra medida estrella es la concesión de avales: 100.000 millones de euros que pretenden movilizar unos 150.000 millones en financiación ajena. Vaya por delante, de nuevo, mi apoyo absoluto a la medida. Es imprescindible que no se corte el grifo de la financiación y esta es la forma de hacerlo. Según la información que dispongo el sistema está funcionando, los Bancos están renovando líneas de crédito y concediendo préstamos para circulante gracias a la promesa de los avales.

Lo que consideramos reprochable es que el grueso del gasto público se concentre en los avales: el Presidente anunció medidas por un importe de 200.000 euros, algo sin parangón en nuestra historia y a la altura de la situación que vivimos. Sin embargo, descubrimos que dicho importe se concentra, en su inmensa mayoría, en estas garantías. Esto a su vez nos encaja cuando comprobamos la cicatería, a que me refería anteriormente, en relación a los ERTES.  Es un error de planteamiento: el gasto real que deberá soportar el Estado no son los avales, serán los ERTE y las pérdidas recaudatorias. Cuanto antes debe entenderlo y asumirlo.

Pero si hay una medida, o mejor carencia de la misma, que nos llama la atención y está siendo objeto de las mayores críticas, es el mantenimiento de los plazos tributarios. El Decreto suspendió los procedimientos, pero mantuvo los plazos de declaraciones. El Estado debe asumir, de nuevo, que para muchas empresas, y desde luego la mayoría de PYMES, es imposible cumplir en plazo con las declaraciones de IVA y de pagos fraccionados que vencen el próximo mes, y ello tanto por motivos financieros como operativos. Es imprescindible que, cuanto antes, se arbitre un aplazamiento de estas declaraciones para todas las empresas. En compensación podría establecerse una especie de premio de cobranza para aquellas que puedan cumplir los plazos originarios, pero para la mayoría debemos asumir una imposibilidad sobrevenida con la crisis sanitaria y con el estado de alarma. La Generalitat Valenciana lo ha asumido, debe hacerlo también el Estado.

Tiempos difíciles, pero también urgentes. La urgencia e inmediatez de respuestas adecuadas y valientes son imprescindibles para que esta crisis sanitaria, la peor que hemos vivido, produzca, al menos, el menor daño a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos, y nos permita, cuando superemos la primera, mirar al futuro con cierto optimismo.

 

Juan Jose Enriquez Barbe

Decano del Colegio de Economistas de Valencia

Este sitio web utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies